INSTITUCIÓN

Ombudsman en los países anglosajones, Defensor del Pueblo en los de habla hispana, Défenseur des Droits en Francia, Síndic de Greuges en Cataluña y Raonador del Ciutadà en Andorra. Diferentes nombres pero una misma misión: velar por los derechos y libertades de la ciudadanía ante la administración, y defenderla en caso de desamparo.

Una figura que nació en 1809, a partir de la institución sueca del Ombudsman, y que se extendió por la mayoría de estados democráticos durante la segunda mitad del siglo XX.
Los Raonadors andorrans- antiguamente- eran los dos representantes elegidos por el Consell General (Parlamento) para formar parte del Tribunal de Comptes (la más alta instancia judicial en el Andorra preconstitucional). En ellos se inspira el nombre del Raonador del Ciutadà. Eran los encargados de velar por las costumbres y de interceder a favor de los inculpados, antes de las deliberaciones de los Veguers (representantes de los copríncipes) y del Batlle (Juez), encargados de dictar sentencia.
En Andorra, el Raonador del Ciutadà como tal, se instauró el 4 de junio de 1998. El Consell General aprobó la Ley de creación y funcionamiento del Raonador del Ciutadà, con el objetivo de dar carta de naturaleza a una institución que velara por la eficacia de la actuación administrativa y que defendiera los derechos y las libertades que la Constitución garantiza a la ciudadanía, de forma complementaria al control jurisdiccional de la actividad administrativa.

Desde su creación, la Institución del Raonador del Ciutadà ha contado con cuatro Raonadors, escogidos por el Consell General, que ejercen su cargo por un período no renovable de seis años.

Sr. Ricard Fiter Vilajoana (1998-2004)

Sr. Pere Canturri Montanya (2004-2011)
Sr. José Rodríguez Gutiérrez (2011-2017)
Sr. Marc Vila Amigó (diciembre 2017-)

Actualmente, el principal objetivo de la Institución es velar por los derechos y las libertades de la ciudadanía ante la administración y defenderlos en caso de desamparo.