Ombudsman en los países anglosajones, Defensor del Pueblo en los de habla hispana, Défenseur des Droits en Francia, Síndic de Greuges en Cataluña y Raonador del Ciutadà en Andorra. Diferentes nombres pero una misma misión: velar por los derechos y libertades de la ciudadanía frente a la administración, y defenderla en caso de desamparo.

Una figura que nació en 1809, a partir de la institución sueca del Ombudsman, y que se extendió por la mayoría de estados democráticos durante la segunda mitad del siglo XX.

Los Ombudsmans andorranos -antiguamente- eran los dos representantes escogidos por el Consejo General para formar parte del Tribunal de Cortes (la más alta instancia judicial en la Andorra preconstitucional). En ellos se inspira el nombre del Razonador del Ciudadano. Eran los encargados de velar por las costumbres y de interceder a favor de los inculpados, antes de las deliberaciones de los Veguers (representantes de los Coprínceps) y del Batlle (Juez), encargados de dictar sentencia.

En Andorra, el Raonador del Ciutadà como tal, se instituyó el 4 de junio de 1998. El Consejo General aprobó la Ley de creación y funcionamiento del Razonador del Ciudadano, con el objetivo de dar carta de naturaleza a una institución que velara por la eficacia de la actuación administrativa y que defendiera los derechos y libertades que la Constitución garantiza a la ciudadanía, de forma complementaria al control jurisdiccional de la actividad administrativa.

Desde su creación, la Institución del Raonador del Ciutadà ha contado con cuatro Raonadors, escogidos por el Consell General, que ejercen su cargo por un período no renovable de seis años.

Sr. Ricard Fiter Vilajoana (1998-2004)
Sr. Pere Canturri Montanya (2004-2011)
Sr. Josep Rodríguez Gutiérrez (2011-2017)
Sr. Marc Vila Amigó ( 2017-2024 )

Actualmente, el principal objetivo de la Institución es velar por los derechos y libertades de la ciudadanía ante la administración y defenderla en caso de desamparo.